La mayoría de los pleitos en los que solemos vernos inmersos pertenecen al derecho civil. Sin embargo, en ocasiones, podemos vernos involucrados en un juicio penal, bien porque seamos la víctima o porque estemos imputados. Estas son las situaciones más habituales que dan lugar a estos juicios.
El derecho tiene dos grandes ramas: Derecho Civil y Derecho Penal. Su dinámica y proceso judicial son diferentes. Algunas categorías del derecho como el derecho del trabajo, el derecho de familia, el derecho administrativo, etc. están englobadas dentro del derecho civil, aunque presenten sus particularidades.
El derecho civil se basa en el acuerdo entre las partes. Por lo que una negociación exitosa entre los pleiteantes puede detener un juicio. En el derecho penal no hay lugar para el acuerdo. Lo que se dirime en un proceso de este tipo es sí se ha cometido un delito, quien lo ha realizado y las responsabilidades penales que se derivan del mismo.
La comisión de un delito da lugar a un juicio de oficio. Es decir, la policía, al investigar un crimen y detectar a un sospechoso, traslada el expediente al juzgado y al ministerio fiscal y el juicio se inicia por su propia dinámica. El acusado tiene derecho a defenderse y a demostrar su inocencia. Por otro lado, aunque no es imprescindible, la víctima puede personarse en el juicio como acusación particular para hacer valer sus derechos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que estos son los casos penales que más se juzgan en España:
Violencia y lesiones.
España no es un país especialmente violento, sin embargo, el delito de lesiones es una de las causas que más juicios penales suscita.
En su artículo 147, el Código Penal indica que lesión es cualquier agresión que produzca un daño físico o mental; efectuado por cualquier medio y con independencia de su voluntariedad.
Aquí nos encontramos con dos grandes categorías: las lesiones dolosas y las lesiones culposas.
Las lesiones dolosas son aquellas que se ha producido con una intencionalidad manifiesta por parte del agresor. Son, por ejemplo, los daños causados en una pelea. El agresor, de una manera consciente, ha producido un daño, físico o mental, al agredido.
En otro ámbito de cosas, nos encontramos con las agresiones culposas; en las que el daño se ha producido a consecuencia de una imprudencia o negligencia. Donde, en la mayoría de las ocasiones, no media una voluntariedad expresa por maltratar a la víctima.
Este es un juicio bastante frecuente, que suele aparecer en accidentes de tráfico, en accidentes de trabajo, debido al incumplimiento de medidas de seguridad por parte de la empresa o del responsable; o en negligencias médicas, que han causado un daño al paciente, imputable al servicio médico y que se podría haber evitado.
El delito de lesión se castiga con una pena de tres meses a tres años o con una multa de 6 a 12 meses. Para denunciarlo es necesario que haya una prueba médica que acredite la gravedad de los daños. Daños que deben dar lugar a algún tipo de tratamiento. No es suficiente con una primera cura de las heridas.
Violencia de género.
Los abogados de Antonucci & Portillo Abogados, un bufete de abogados de Alicante especializados en derecho laboral y derecho penal, con una experiencia de más de 11 años ejerciendo la abogacía, nos confirman que las agresiones por violencia de género son unos de los casos que más pleitos en materia penal suscitan en nuestro país.
Tal y como recoge la Fundación General de la Universidad de Castilla – La Mancha, en el 2025 se contabilizaron 185.188 mujeres víctimas de violencia de género. Además se produjeron 49 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex-parejas. En los primeros 5 meses del 2026, ya se han producido 21 asesinatos de este tipo.
Aunque un 71,6% de las denuncias fueron interpuestas por las víctimas, las asociaciones contra la violencia de género señalan que, pese a que cada vez hay una mayor sensibilidad social sobre el tema, solo conocemos la punta del iceberg. No todos los casos de violencia machista se denuncian. Este tipo de violencia es complejo, ya que se da en el seno de la pareja sentimental. Además de factores como la presencia de hijos o la dependencia económica (en algunos casos), aparece la resistencia de la víctima de ver a su pareja como un maltratador, y la esperanza de que cambie.
Nos encontramos ante un problema social estructural. Que se extiende por todos los estratos sociales y que atañe a mujeres de distintas edades, origen y nacionalidad.
De los casos de violencia de género recogidos en el 2026, un 61,4% afecta a mujeres de nacionalidad española y un 38,6% a mujeres extranjeras. Preocupa el dato del aumento de la violencia de género entre los jóvenes. Las agresiones a mujeres menores de 30 años ha aumentado un 87% en los últimos años.
Delitos económicos.
Los datos indican que España es cada vez un país más seguro. Se producen menos robos y atracos. Pero, por lo visto, analizando las estadísticas, lo que ha habido es una variación en la naturaleza de los delitos contra la propiedad ajena y un cambio de perfil en cuanto a los delincuentes. En estos momentos priman los ladrones de guante blanco. Los delitos económicos (estafas, engaños, fraudes bancarios) están creciendo de manera preocupante.
Indica la Asociación Española de Empresas de Consultoría, en su página web, que más de la mitad de las empresas de nuestro país han sido víctima en los dos últimos años de algún tipo de delito económico.
La apropiación indebida de activos parece ser el delito más habitual, seguido de los casos de corrupción, el soborno y la manipulación contable. Un caso aparte son los delitos cibernéticos, que suelen tener un móvil económico, y a los que dedicaremos un apartado específico en este artículo.
Estos delitos producen a las empresas pérdidas de entre 100.000 y varios millones de euros. Aparte del dinero sustraído directamente, o el que no se ha podido facturar, se le suman los gastos en abogados, investigaciones, peritaje, etc.
Estos son los datos que afectan a las empresas, pero los delitos económicos también atañen a los ciudadanos. En los últimos años, hemos visto como fenómenos como las tarjetas revolving, los microcréditos abusivos y las estafas económicas han aumentado de manera significativa.
Delitos de seguridad vial.
Este tipo de delitos están a la orden del día. Se basan en la infracción de las normas de tráfico, motivados por un exceso de confianza por parte del conductor. Estamos hablando del exceso de velocidad, de conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, de utilizar el móvil mientras conducimos o de conducir sin carnet.
Aunque gran parte de estas infracciones se castigan con multas económicas; y por su gravedad son consideradas faltas, no debemos olvidar que por la reincidencia o por sus consecuencias (reales o potenciales) pueden implicar penas de cárcel y ser tipificados como delitos. Es el caso de conducir sin carnet, que está castigado con entre 3 y 6 meses de prisión.
Los accidentes de tráfico, aunque en su vertiente civil se resuelven a través de los seguros, también tienen su responsabilidad penal. Una responsabilidad que da lugar a un juicio independiente y que no se resuelve con el pago de una indemnización.
Es el caso de una colisión que pudiera haber provocado lesiones a las personas que viajaban en el auto colisionado, aparte de la indemnización por daños y perjuicios, y del pago de los gastos médicos, el suceso puede ser considerado como un delito de lesiones; el cual recibe un tratamiento independiente.
Lo mismo sucede con los atropellos. Que pueden llegar a ser tipificados como homicidio imprudente. Con su respectiva pena de cárcel.
Delitos informáticos.
Indica la página web de Atresmedia que el fraude informático ha aumentado un 40% en nuestro país. Según este grupo de comunicación, en el primer trimestre del 2026 se podrían haber producido más de 106.000 casos de delito o intento de delito cibernético.
Los delitos cibernéticos buscan uno de estos tres objetivos: apropiarse del dinero de las víctimas (directa o indirectamente), bien porque exigen el pago de un dinero haciéndose pasar por otra empresa u organismo público, o por el robo de datos personales sensibles como el número de tarjeta bancaria; la extorsión, robo de información a cambio de un rescate; o el sabotaje digital, con el objeto de producir pérdidas económicas.
Dentro de estos delitos, el phishing es el más habitual. Esta práctica consiste en que el delincuente se hace pasar por un organismo oficial (la agencia tributaria o la Dirección General de Tráfico) o por una empresa privada (un banco o una compañía energética) y le exige un dinero a la víctima. Por lo general, para intentar regularizar una situación. Este delito se suele cometer, sobre todo, por correo electrónico. Los delincuentes trabajan cada vez mejor las páginas web de aterrizaje. Imitando con fidelidad las webs de las empresas por las que se quieren hacer pasar.
Las redes sociales parecen ser el nuevo campo de batalla en la lucha contra este tipo de delincuencia. El 34% de las ciberestafas detectadas llegan por estas plataformas. La inmediatez del medio, hace que sea más sencillo caer en la trampa.
Delitos contra la salud pública.
En España, el consumo de drogas no está penalizado, pero sí lo está la venta y distribución. España es el país de Europa donde más cocaína se consume, según Antena 3, y se encuentra entre los 5 mayores consumidores del mundo de esta droga.
Por otro lado, nuestro país es una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Con una sólida infraestructura creada durante décadas en lo que se refiere al transporte y distribución. Esta es una de las razones por las que prácticamente casi todas las mafias del mundo tienen presencia en nuestro país.
Estas dos razones, un mercado consolidado, y una vía de entrada de estupefacientes, hacen que los delitos contra la salud pública, en especial, el tráfico de drogas, estén posicionados en el top 10 de los juicios penales más habituales que se celebran en nuestro país.
Es cierto que para el ciudadano normal y corriente no es un asunto que le ataña directamente, pero por su incidencia global no podemos obviarlo.
Es además un asunto peliagudo y complejo. La lucha contra el narcotráfico en España continúa centrada, en lo principal, en combatir la distribución a pequeña escala. En la persecución de los eslabones más bajos de la cadena. Mientras que los que dirigen toda la infraestructura se encuentran a cubierto.
Considerados muchas veces como prósperos empresarios, los capos de la droga en nuestro país tienden a pasar desapercibidos y cultivan estrechos lazos con altos cargos de la economía y la política, como se puede apreciar leyendo libros como “Fariña”, del periodista de investigación Nacho Carretero; y por algunas imágenes que se han filtrado en la prensa. Hechos que, como mínimo, sugieren realizar una investigación más en profundidad.
Delitos contra la propiedad.
En esta categoría se incluyen desde pequeños hurtos en comercios, hasta robos con violencia. Es preciso señalar que los hurtos y robos en nuestro país, desde el 2019 hasta la actualidad, han descendido un 7%, según Delta 13 News, y que los asaltos con violencia a domicilios han bajado un 26% en este periodo, pero sigue siendo una realidad que está ahí.
Este descenso se debe al trabajo realizado por las fuerzas de seguridad públicas, que hay que reconocer que están haciendo que la calle sea más segura; y a un cambio hacia delitos más elaborados, como los delitos económicos y la ciberdelincuencia.
Preocupan sucesos como el robo de relojes de lujo en plena vía pública, que se están haciendo frecuentes en zonas turísticas de Madrid y Barcelona, o el asalto a establecimientos comerciales, cuando están cerrados, por métodos violentos como el “alcantarillazo”, romper la luna de una tienda con la tapa de la alcantarilla.
Aunque tienen su incidencia, muchas veces, los medios de comunicación los sobredimensionan, creando un pánico social que no se corresponde con el impacto real.
En cualquiera de estos delitos que hemos visto, la víctima puede denunciar y personarse en el juicio como acusación particular.
