Buscar una buena asesoría es un paso importante, yo diría decisivo, para cualquier empresa y autónomo. Ya no solo para iniciar la actividad, sino para trabajar con él mientras esta se desarrolla. Una asesoría no puede limitarse a gestionar las nóminas de la plantilla o a tramitar el pago de impuestos. Te comentamos lo que un asesor puede hacer por ti.
En este artículo no vamos a hablar de acciones que puede hacer el asesor: darte de alta de autónomo, tramitar la constitución de una sociedad mercantil, tramitar subvenciones… La lista sería interminable, y necesitaríamos más de un artículo para tratarlo. Vamos a englobarlo en áreas.
La asesoría es recomendable para iniciar la actividad. Algunos de los trámites, como darse de alta de autónomo, inscribirse en el Impuesto de Actividades Económicas y darse de alta de hacienda como retenedor de IVA, se pueden hacer sin la intermediación de un asesor. Pero se efectúa dentro de un ámbito burocrático en el que el autónomo se pierde.
Para constituir una empresa el papel del asesor es aún más importante. Debe redactar documentos claves como los estatutos de la sociedad, que son necesarios para formalizar la escritura pública ante notario y registrar la empresa.
Ahora bien, como hemos dicho al principio. La actividad del asesor no se circunscribe a la constitución del negocio. El asesor es un profesional que va a acompañar al empresario o autónomo a lo largo de todo su proyecto empresarial.
Como aconsejan los asesores de Matías Carrillo, una asesoría de Alicante que lleva desde 1998 ofreciendo soluciones a empresas y autónomos, el servicio que se preste debe ser integral. No se puede limitar a las tareas de gestión más frecuentes y habituales. A lo largo de la vida de una empresa aparecen imprevistos y situaciones nuevas a las que hay que dar una respuesta.
Estos son todos los campos que debería recoger una asesoría.
Asesoría Laboral.
Muchos de los asesores son graduados sociales. Una formación universitaria ligada al derecho del trabajo. Esto es así porque el área laboral es un aspecto importante tanto para las empresas como para los autónomos.
El área laboral es una de las áreas más sensibles dentro de cualquier negocio, ya sea una empresa con plantilla o un profesional autónomo que empieza a contratar o a colaborar con terceros. Por este motivo, contar con una asesoría laboral resulta clave para prevenir conflictos, cumplir con la normativa y garantizar un funcionamiento interno equilibrado. El asesoramiento laboral va mucho más allá de las tareas administrativas habituales, como la elaboración de contratos, el cálculo de nóminas o la gestión de cotizaciones a la Seguridad Social. Aunque estas funciones son tareas esenciales, solo son la base del trabajo.
En el día a día surgen múltiples situaciones que requieren un acompañamiento experto: control del absentismo, gestión de horas extraordinarias, permisos y vacaciones, bajas médicas, prevención de riesgos laborales, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene…
Una mala gestión de estos aspectos puede derivar en sanciones, conflictos legales o un deterioro del ambiente de trabajo. En el caso de los autónomos, una asesoría especializada ayuda a entender cuándo y cómo contratar, qué obligaciones se adquieren como empleador y cómo evitar errores frecuentes que pueden resultar costosos.
Muchos problemas laborales no tienen su origen en la normativa, sino en la organización interna. La falta de comunicación, la sobrecarga de trabajo, la ausencia de objetivos claros o una mala definición de las funciones de los empleados suelen generar tensiones que afectan al rendimiento y motivación del equipo. Aquí, el papel del asesor es también preventivo y estratégico.
Aunque el asesor defiende los intereses de la empresa o del autónomo, su perfil debe ser conciliador. Actuar como mediador, buscar soluciones equilibradas y preservar la relación entre las partes es fundamental.
Asesoría Fiscal.
Uno de los principales motivos por los que empresas y autónomos recurren a una asesoría es para la correcta gestión del pago de sus impuestos. El sistema impositivo español es complejo y está en constante cambio, lo que hace recomendable contar con un profesional que se encargue de calcular, presentar y supervisar los impuestos de forma adecuada.
En el caso de las empresas, el principal tributo es el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios obtenidos por la empresa y tiene un tipo general fijo del 25%. Aunque su mecánica es más técnica, ofrece una mayor previsión.
Los autónomos, por su parte, no están sujetos al Impuesto de Sociedades, pero sí al IRPF, que grava los rendimientos de la actividad económica de forma progresiva. Este impuesto resulta especialmente complejo de calcular, ya que depende del volumen de ingresos, los gastos deducibles y las retenciones aplicadas. A partir de ciertos niveles de beneficio, el tipo impositivo del IRPF puede superar ampliamente el de las sociedades, lo que lleva a muchos profesionales a plantearse el paso a convertirse en una sociedad limitada como fórmula para reducir impuestos.
Tanto empresas como autónomos comparten otras obligaciones fiscales. El IVA es un impuesto indirecto que deben recaudar y declarar periódicamente, actuando como intermediarios frente a Hacienda. Además, tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades se liquidan mediante pagos trimestrales a cuenta y una regularización anual del ejercicio completo.
Toda esta gestión exige justificar la actividad económica con facturas, libros contables y formularios oficiales. Sin el apoyo de una asesoría, esta carga administrativa puede resultar abrumadora. A ello se suman impuestos municipales o específicos de la actividad, que muchas veces pasan desapercibidos para el empresario o autónomo.
Asesoría contable.
En términos generales, cualquier empresa debería contar con un sistema contable que refleje de forma ordenada su actividad económica. La contabilidad no solo sirve como instrumento de control interno, sino que también permite a la Administración conocer cómo funciona la empresa y verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y mercantiles. Para facilitar esta tarea a las pequeñas y medianas empresas, existe un Plan General de Contabilidad (PGC) específico adaptado a su dimensión.
El P.G.C. para PYMES debe aplicarse de forma obligatoria cuando una empresa cumple, durante dos ejercicios consecutivos, al menos dos de estas condiciones: que el valor total de sus activos no supere los cuatro millones de euros, que su cifra anual de negocio sea inferior a ocho millones de euros o que su plantilla media no alcance los cincuenta trabajadores. Este marco contable simplificado reduce cargas administrativas, manteniendo los criterios básicos de registro y contabilidad.
No todas las empresas pueden acogerse a este plan. Quedan fuera aquellas que operan en monedas distintas al euro, las que cotizan en mercados regulados de otros países de la Unión Europea, las entidades financieras y las sociedades que forman parte de un grupo empresarial, ya que en ese caso se presenta una contabilidad unificada.
Tal y como indica el portal Infoautónomos, el PGC para PYMES es una versión abreviada del plan general aplicable a grandes empresas.
Conviene recordar que los autónomos no están obligados a llevar una contabilidad legal ni a presentar libros contables, aunque sí deben conservar registros fiscales básicos para justificar su actividad.
Los seguros.
La cuestión de los seguros no solo afecta a las grandes compañías, sino también a las pymes y a los autónomos. Ante la duda de si existen seguros obligatorios para este tipo de negocios, el diario económico Cinco Días señala que Sí.
Dependiendo de la actividad que se desarrolle, la normativa exige la contratación de determinadas pólizas para poder operar con normalidad. Así ocurre, por ejemplo, en el transporte de mercancías, donde es obligatorio asegurar la carga; en el transporte de viajeros, que debe contar con el seguro obligatorio de viajeros (S.O.V.I.); o en la construcción, donde es imprescindible el Seguro Decenal para cubrir posibles defectos estructurales.
Más allá de estos casos concretos, cualquier pyme o autónomo con vehículos a su nombre debe tenerlos asegurados, igual que un particular, ya que no pueden circular sin póliza en vigor. También es fundamental disponer de un seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños que la actividad profesional pueda causar a terceros.
En el caso de empresas y autónomos con empleados, la adhesión a una mutua de accidentes de trabajo es clave, ya que cubre indemnizaciones y bajas por contingencias profesionales. Gestionar los seguros a través de la asesoría es una ventaja, porque conoce la actividad, el tamaño y la evolución del negocio, y puede proponer coberturas adecuadas, evitando tanto carencias como gastos innecesarios.
Asesoría jurídica.
Terminamos este artículo con este punto, puesto que cualquier empresa o autónomo puede verse inmerso en cuestiones legales para las que requieran una defensa o asesoramiento jurídico o conflictos de ámbito civil que se puedan ver abocados a una resolución judicial donde la presencia de un abogado es crucial.
Un ejemplo de ello son los concursos de acreedores, una situación en la que se ven inmersas una gran cantidad de empresas.
Por esta razón es conveniente que la asesoría con la que trabajemos esté dirigida por un abogado o colabore con uno de ellos.
Si la asesoría con la que trabajamos cubre todas estas áreas, el empresario o autónomo está cubierto ante muchas situaciones y puede ahorrarse mucho dinero.
